Más allá del cemento: República Dominicana enfrenta el desafío de fortalecer la justicia social y la transparencia
Por Juan Carlos Hernández Villavizar
El Horizonte, Santo Domingo RD.- Juan Carlos Presidente Ejecutivo del Movimiento Político Nuevo Renacer República Dominicana; Político del Bien Común; Trabajador Social y líder de la sociedad civil de larga data.
Fundador del Centro Internacional de Prevención, Formación y Educación, Inc. (CEIPREFE). Presidente de la Confederación Mundial Bomberil, Inc. (CMB). Miembro directivo de varias organizaciones nacionales e internacionales.
La historia democrática reciente de la República Dominicana está marcada por un contraste paradójico: mientras los indicadores macroeconómicos exhiben tasas de crecimiento envidiables para la región, en las calles y en los hogares más vulnerables el día a día transcurre bajo la sombra de la desigualdad, la precariedad de los servicios públicos y la desconfianza institucional.
Desde la era del extinto presidente Joaquín Balaguer hasta la actualidad, el modelo de desarrollo dominicano ha priorizado la infraestructura física como símbolo primario de progreso. Sin embargo, la verdadera grandeza de una nación no se mide únicamente por el tonelaje de concreto utilizado en grandes obras, sino por la calidad de vida que garantiza a sus ciudadanos.
La acumulación de riqueza sin una distribución equitativa no genera estabilidad; genera frustración, descontento y una violencia estructural más lacerante que cualquier protesta social.
El costo de esta disparidad lo pagan, en primera línea, las familias que luchan diariamente por acceder a una vivienda digna, a un sistema de salud eficiente y a una educación de calidad.
Pero quizás el rostro más doloroso de este drama sea el de nuestra juventud. Miles de jóvenes realizan el esfuerzo de graduarse de las universidades dominicanas solo para enfrentarse a un mercado laboral con oportunidades insuficientes. Ante la falta de empleos formales y salarios dignos, el país somete a sus mejores talentos a una encrucijada inclemente: el desempleo, la informalidad o el exilio involuntario hacia otras tierras, en busca de las oportunidades que no encuentran en su propia patria.
La fuga de cerebros es el sangrado silencioso del futuro dominicano.
A esta crisis social se suma la debilidad institucional. La corrupción y la opacidad en la administración de los recursos del Estado destruyen el tejido social. Cada peso desviado del presupuesto público representa, en términos sociales, una oportunidad perdida: una escuela que deja de mejorar, un hospital que carece de recursos o una beca que no llega a quien la necesita.
Por ello, la exigencia de transparencia no es un concepto abstracto ni un simple eslogan político; es una condición indispensable para el fortalecimiento de la democracia.
El país no podrá sostener su estabilidad si no construye instituciones públicas fuertes, respaldadas por un Poder Judicial verdaderamente independiente, con jueces y fiscales capaces de ejercer sus funciones con independencia y sin presiones partidarias. Una nación sin una justicia imparcial queda expuesta al debilitamiento de sus instituciones y de sus libertades.
Es hora de asumir un compromiso nacional impostergable.
La sociedad dominicana no puede conformarse con promesas de bonanza que solo se reflejen en cifras oficiales mientras los servicios básicos continúan presentando deficiencias, una realidad que ha sido señalada en distintos momentos por organismos internacionales de desarrollo.
Necesitamos políticas públicas centradas en el ser humano, donde el presupuesto nacional sea administrado con pulcritud, responsabilidad y visión de equidad.
¡Menos desigualdad, más justicia social y mayor transparencia!
No como una consigna del momento, sino como una aspiración nacional hacia una República Dominicana más justa, humana y solidaria.
