Reflexiones de Actualidad Política
Por Julio Ant. Altagracia
Por Julio Ant. Altagracia
El Horizonte, Santo Domingo RD.- En el proceso electoral de 2024, la oposición política sustentó buena parte de su campaña en la afirmación de que el gobierno del presidente Luis Abinader no había construido absolutamente nada durante sus primeros cuatro años de gestión. Sin embargo, incurría en una aparente contradicción al reclamar, al mismo tiempo, que el mandatario no debía inaugurar obras en todo el país, argumentando que hacerlo constituía una forma de campaña política con recursos del Estado.
Debemos recordar, además, que los principales sectores del liderazgo opositor no presentaron propuestas concretas orientadas a corregir las debilidades y deficiencias que atribuían al presidente y a su gobierno. En gran medida, se concentraron en cuestionar las acciones y ejecutorias de la administración estatal, calificándolas de improvisaciones y atribuyéndolas a una supuesta incapacidad para gobernar.
Ahora, en 2026, dos años después de aquel proceso electoral, el liderazgo opositor y sus voceros enfrentan un escenario político diferente, marcado por el debate sobre las realizaciones públicas del gobierno de Abinader. El panorama ha cambiado y, de cara a las elecciones de 2028, la discusión política gira cada vez más en torno a las obras, los resultados y las ejecutorias que cada administración puede presentar ante el país.
En ese contexto, se comparan los veinte años acumulados de los gobiernos encabezados por Leonel Fernández y Danilo Medina con los seis años que cumplirá la administración del presidente Abinader en 2026. Desde nuestra perspectiva, las realizaciones de la actual gestión representan avances importantes en materia de infraestructura, transformación institucional, innovación en los organismos estatales, transparencia y conducta ética en la función pública, así como en el mantenimiento de la estabilidad económica y social.
Todo ello debe analizarse teniendo en cuenta las difíciles circunstancias internacionales, regionales y nacionales que ha tenido que afrontar el país desde 2020, incluidas las consecuencias económicas y sociales de diversas crisis mundiales.
Sin embargo, ante lo que consideramos una insuficiente presentación de propuestas alternativas por parte de determinados sectores opositores, persiste una estrategia de cuestionamiento de las actuaciones gubernamentales mediante críticas que, en ocasiones, resultan desproporcionadas. Estas objeciones se centran, entre otros aspectos, en el supuesto manejo deficiente e inoportuno de las políticas fiscal y monetaria, al que se atribuyen consecuencias negativas para la economía dominicana.
No obstante, esas valoraciones deben contrastarse con los indicadores económicos, los informes del Banco Central de la República Dominicana, las evaluaciones de los organismos internacionales especializados y los análisis de las agencias calificadoras de riesgo. Estas fuentes ofrecen elementos objetivos para examinar el desempeño económico nacional, más allá de las posiciones partidarias.
Como referencia, cabe mencionar el titular publicado en la primera página de un periódico de circulación nacional el 7 de octubre de 2026: «La RD sobresale entre los países de América Latina por lo que crecerá este año». Este señalamiento constituye un punto de partida para reflexionar sobre las perspectivas de crecimiento del país, aunque el análisis completo debe considerar también los desafíos económicos y sociales que aún persisten.
Creo oportuno aclarar que esta y otras de nuestras reflexiones vinculadas al tema no tienen como propósito criticar la estrategia ni el estilo del liderazgo político opositor de la República Dominicana. En definitiva, sus integrantes están ejerciendo su papel dentro del sistema democrático y tienen derecho a escoger las estrategias que consideren más convenientes.
Nuestro verdadero propósito es establecer diferencias de resultados, desde nuestra perspectiva, para contribuir a que la sociedad dominicana examine las realizaciones, valore los avances y mantenga una actitud consciente frente al rumbo del país.
Estamos convencidos de que la actual administración estatal, encabezada por el presidente Luis Abinader, ha representado una oportunidad importante para la nación y ha tenido que enfrentar numerosas dificultades y problemas. A nuestro juicio, su gestión ha procurado responder a esos desafíos con responsabilidad, adoptando medidas que considera orientadas a la defensa del interés nacional.
Nuestras reflexiones, sustentadas en ideas y criterios personales, surgen de una interrogante sencilla, pero fundamental: ¿cuáles son las expectativas de los ciudadanos respecto de la administración del Estado? Dicho de otra manera, ¿qué esperan los ciudadanos de quienes tienen la responsabilidad de gobernar?
Entendemos que la respuesta debe incluir estabilidad y progreso en todos sus aspectos, dentro de un marco de orden, respeto, transparencia, eficiencia y ética pública. También debe contemplar la protección permanente del bien común y una distribución y asignación justa de los recursos estatales.
Consideramos que estos principios deben orientar toda gestión gubernamental y que, cuando se producen avances en esas direcciones, corresponde a la ciudadanía evaluarlos con responsabilidad y contribuir a su preservación, sin renunciar al derecho de exigir mejoras.
¿De qué debemos cuidarlos?
Debemos cuidarlos de las ofertas políticas demagógicas y de las promesas que no estén respaldadas por planes viables. Debemos evitar dar pasos hacia atrás y, mucho menos, avanzar hacia escenarios de incertidumbre que puedan comprometer los logros alcanzados.
También debemos procurar que las insatisfacciones colectivas, sean estas reales o inducidas, no se conviertan en instrumentos para promover preferencias políticas sin una evaluación razonada de sus consecuencias. En ocasiones, determinados sectores pueden aprovechar el descontento social, las expectativas insatisfechas y las emociones momentáneas para impulsar propuestas sustentadas más en la espectacularidad que en soluciones concretas.
Debemos cuidarnos, asimismo, de que la irresponsabilidad, la desinformación o el descuido nos conduzcan a respaldar proyectos políticos que, bajo discursos de identidad social y promesas atractivas, puedan ocultar prácticas contrarias a los valores democráticos, la responsabilidad pública y el interés colectivo.
El populismo que se limita a halagar las expectativas de la población, sin explicar cómo financiará sus promesas ni cómo resolverá los problemas estructurales, puede generar entusiasmo pasajero y consecuencias difíciles de revertir. De eso debemos cuidarnos: de confundir las promesas con las soluciones y la popularidad momentánea con la capacidad de gobernar.
Estimamos que, ante la aparición en el horizonte nacional de señales de alerta como las que hemos señalado, ha llegado el momento de que la sensatez ocupe un lugar central en la sociedad dominicana.
Esa responsabilidad debe comenzar en la familia y extenderse a todos los sectores, niveles y estratos sociales. Como nación, debemos tomar conciencia de los desafíos que enfrentamos y procurar respuestas colectivas, sin dejarnos arrastrar por la confrontación ni por los intereses particulares.
Es necesario afrontar esos desafíos mediante la participación responsable de la ciudadanía, el compromiso de las instituciones públicas y la colaboración de la sociedad civil. De manera especial, corresponde al liderazgo nacional actuar con visión de Estado, anteponiendo el interés general al oportunismo político y a las pretensiones individuales.
Estamos frente a un fenómeno que, a nuestro juicio, ha echado raíces profundas en el tejido social de la República Dominicana. En mayor o menor medida, todos tenemos alguna responsabilidad en la construcción de una sociedad más consciente, participativa y comprometida con su futuro.
Por consiguiente, también compartimos la responsabilidad de contribuir a las soluciones. La estabilidad, el progreso, la transparencia y el respeto a los valores democráticos no deben depender únicamente de un gobierno o de una organización política, sino del compromiso permanente de toda la nación.
Porque el futuro de la República Dominicana exige reflexión, sensatez y responsabilidad colectiva.
