CUANDO PEDIR AYUDA NO GARANTIZA PROTECCIÓN
Por Luisana Lora Perelló
El Horizonte, Santiago RD.- Hay un punto de quiebre en toda sociedad: cuando una persona en peligro acude a la autoridad, advierte con claridad lo que está ocurriendo y, aun así, no obtiene respuesta efectiva.
Ese punto no es teórico. Se vivió recientemente en Santiago.
Lo que comenzó como un incidente de tránsito uno de tantos que ocurren a diario en el país derivó en una persecución que escaló con rapidez y terminó en un desenlace fatal. En medio de esa cadena de hechos, hay un elemento que obliga a detenerse: la víctima buscó auxilio de manera directa ante agentes del orden, alertando sobre el riesgo inminente que enfrentaba.
No bastó.
Minutos después, fue alcanzado por quienes lo perseguían y agredido de forma violenta, en un entorno que, por su naturaleza, debería ofrecer garantías de seguridad. El resultado es conocido.
Este caso no puede analizarse únicamente desde la responsabilidad penal de los involucrados, que corresponde a la justicia determinar. Hay una dimensión más amplia que interpela tanto a la sociedad como a las instituciones.
Por un lado, preocupa la facilidad con la que conflictos cotidianos escalan hacia la violencia extrema. Un desacuerdo o un accidente dejan de ser gestionados dentro de los canales legales y pasan a resolverse mediante la fuerza, en un patrón que se repite con inquietante frecuencia.
Por otro, surgen cuestionamientos inevitables sobre la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia que se presentan en tiempo real. Cuando una advertencia explícita no activa mecanismos inmediatos de protección, se abre un espacio de vulnerabilidad que puede resultar irreversible.
A esto se suma un elemento cada vez más visible: la transformación de los ciudadanos en espectadores de la violencia. En múltiples escenarios, la reacción predominante no es intervenir, disuadir o canalizar ayuda, sino observar y registrar. Esa pasividad también forma parte del problema.
Las cifras oficiales han advertido que una proporción significativa de los hechos violentos en el país tiene su origen en conflictos sociales. No se trata, por tanto, de episodios aislados, sino de una tendencia que evidencia debilidades en la gestión de conflictos, en la cultura ciudadana y en la capacidad de respuesta institucional.
Lo ocurrido obliga a una reflexión más profunda: ¿qué garantías reales tiene un ciudadano cuando su integridad está en riesgo inmediato y decide acudir a quienes deben protegerlo?
Si esa pregunta no encuentra una respuesta clara y efectiva, la preocupación deja de ser coyuntural.
Se convierte en estructural. Porque cuando pedir ayuda no garantiza protección, lo que está en juego no es solo la seguridad individual, sino la confianza en todo el sistema.
